Bajo este título publiqué hace ya tiempo un artículo de opinión sobre este proyecto en el río Guadalope a su paso por la localidad turolense. Hoy quiero recuperarlo, al hilo de la noticia que ha aparecido en Heraldo: “Los dueños de la piscifactoría de Aliaga descartan ponerla en funcionamiento”. Aquí está:

“Cuando comenzó el periplo de este proyecto oscurantista, desde CHA dejamos claro que no nos oponíamos a la construcción de la piscifactoría, sino a su ubicación. Planteamos dudas razonables y defendimos que el proyecto contase con los informes preceptivos y se siguiesen los cauces legales antes de su puesta en marcha.
En el año 2001 nuestro grupo en las Cortes instó al Gobierno de Aragón a someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental. PP, PSOE y PAR votaron en contra, argumentando que la piscifactoría iba a ser un acicate para el desarrollo de esa zona, pero sí apoyaron otra iniciativa del PP en la que se instaba a agilizar los trámites aún a sabiendas de que, por acción u omisión, la empresa venía actuando de forma ilegal, campando a sus anchas, sin autorizaciones, aplicando una política de hechos consumados. Los despropósitos se iniciaron ya cuando se sometió a información pública la solicitud de licencia de actividad para la instalación de la piscifactoría con planta de cogeneración en la zona denominada “Masía estrecho bajo” y el Ayuntamiento de Aliaga se negó a facilitar copias del expediente, vulnerando de esta forma el libre acceso a la información ambiental.
Mientras el proyecto aún se encontraba en información pública y no tenía licencia de actividad se iniciaron las obras. Se presentaron numerosas denuncias. Por fin la Dirección General del Medio Natural, que había permanecido muda, se pronunció y emitió una propuesta de resolución el 9 de abril del año 2000. En ella se reconocía que el Servicio de Conservación de la Biodiversidad y el Servicio de Espacios Naturales habían emitido informes coincidentes diciendo que el proyecto estaba ubicado en un área propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria y que la afección importante se centraba sobre todo en el medio acuático por la modificación del régimen hídrico, por la contaminación térmica y química, por la eliminación de la vegetación de ribera, por la modificación del hábitat de las especies acuáticas. También manifestaba incertidumbre ante los caudales cuando, haciendo un estudio de aforos, se había deducido que, en noviembre, julio, agosto y septiembre, la piscifactoría no iba a poder funcionar por falta de caudal. Y, por si fuera poco, se planteaban dudas acerca de la rentabilidad de la explotación de la perca.
Pese a esos reparos existentes, la Dirección General del Medio Natural, en esa resolución que bordeaba la esquizofrenia, se pronunció a favor de la autorización. Increíble pero cierto. El departamento de Medio Ambiente daba luz verde a una planta de cogeneración en un espacio natural de primer orden. Y hasta la fecha no ha existido aún producción alguna. Tal vez si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, empezando por la elección de otra ubicación, la piscifactoría estaría en funcionamiento.
Desde Chunta Aragonesista no queremos soliviantar a nadie pero creemos que, empezando por la administración, hay que apostar por la transparencia y por las cosas bien hechas. Eso es lo que ha venido haciendo la Asociación para el Desarrollo de Montoro de Mezquita que, junto a otras organizaciones, ha peleado durante estos años con tesón y sin medios económicos, aun cuando las asociaciones sin ánimo de lucro deberían disponer de apoyo legal y gratuito cuando se trata de acceder a la justicia en materia de medio ambiente”.

Esta tarde se ha debatido en el pleno de las Cortes la iniciativa en la que CHA proponía crear la Oficina del cambio climático en Aragón. PSOE y PAR han votado en contra porque dicen que ya está creada (podéis recordar la película de los hechos en la entrada anterior). IU la ha apoyado y el PP se ha abstenido porque se la habíamos copiado. A nosotros nos hubiera gustado que las Cortes hubieran avalado con un acuerdo parlamentario la importancia de contar con este órgano para luchar, o cuanto menos, paliar los efectos del cambio climático. Un acuerdo que sería de obligado cumplimiento para el Gobierno, el presente y sobre todo el futuro, y fuese cual fuese su composición.

No quisiera que la ciudadanía aragonesa pensara que el debate se ha reducido a dilucidar quién fue el primero que tuvo la idea de crear esta Oficina. Al menos Chunta Aragonesista sabe que eso no es lo más importante. Pero nuestra preocupación por la forma en el Gobierno ha querido neutralizar nuestra iniciativa con un anuncio improvisado, está justificada porque tiene un fondo: el  del funcionamiento del departamento de Medio Ambiente, más preocupado por acaparar titulares que por una gestión eficaz y pensada. ¿Podemos creernos de verdad que esta Oficina es un proyecto y hecha con todo el convencimiento y dedicación que necesita y merece? Mal síntoma ha sido que hoy los grupos que apoyan al gobierno no nos han dado ni un solo dato sobre su organización, criterios de actuación, medios y presupuesto. Y eso que hace casi un mes que, según el consejero, está Oficina ya existe.

Yo creo que lo segundo. Ayer ofrecí una rueda de prensa para presentar la proposición no de ley que insta al Gobierno de Aragón a crear la Oficina del Cambio Climático en Aragón, una iniciativa que registré como portavoz de CHA el pasado 2 de febrero en las Cortes. Y justo ayer el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, sale a la palestra diciendo que esa Oficina ya está creada, por una Orden que él mismo firmó el 26 de enero. De hecho, hoy mismo ha comunicado al Consejo de Gobierno la creación de este nuevo órgano, como puede leerse en nota de prensa oficial. Resulta increíble que el consejero Boné, tan dado a publicitar todas sus acciones, haya tardado más de dos semanas en “vender” la creación de esta Oficina, máxime cuando en su departamento se considera que es “un hito”, según palabras del director general de Calidad Ambiental. Estamos de acuerdo en que es importante, pero ¿por qué entonces no aprobaron nuestra enmienda a los presupuestos de 2007 en la que ya proponíamos destinar 120.000 euros a la creación de esta unidad específica para el cambio climático?

También extraña que el consejero explique que su intención es implicar en el objetivo de luchar contra el cambio climático a todas las áreas del Gobierno, y sin embargo, no les haya siquiera informado de que iba a crearla. Según la nota oficial, se lo ha comunicado al resto de consejeros cuando la cosa ya está hecha. ¿Así piensa contar desde el inicio con su colaboración e implicación? Tampoco es lógico que adscriba esta unidad a una empresa pública, Sodemasa. Esta Oficina, tal y como nosotros proponemos, debería ser una unidad transversal que sirviera para coordinar a todos los departamentos, dependiendo por ejemplo de Presidencia.

A nuestro juicio el cambio climático es un asunto que merece mayor planificación y seriedad que la mostrada por el consejero, cuya precipitación por querer apuntarse el tanto ha dejado muchas preguntas en el aire acerca de cómo será y cómo funcionará esta Oficina tan necesaria.

He presentado en las Cortes, como portavoz de medioambiente de CHA, varias preguntas para conocer la opinión del Gobierno de Aragón y obtener más información sobre las características del proyecto presentado por FECSA-Endesa para construir una presa de 33 metros de altura en el Congosto de Montrebei, en el río Noguera-Ribagorzana, en la cola del pantano de Canelles.

Este congosto, de gran valor paisajístico y medioambiental, que visitan más de 30.000 personas al año, forma parte de la Red Natura 2000 como ZEPA e incluso está propuesto para ser declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  Entidades sociales, asociaciones ecologistas, además de la Universitat de Lleida, han puesto en marcha la campaña “El Congosto de Montrebei, patrimonio de todos. No a la construcción de una presa por Endesa”, para reclamar la paralización de este proyecto, que consistiría en levantar un dique de 33 metros de altura para la producción de energía hidroeléctrica y para almacenar agua, de manera que se creara un lago artificial de aprovechamiento turístico y recreativo.  Puedes obtener más información del proyecto y la campaña en el enlace de Ipcena Lleida.

El río Noguera-Ribagorzana es uno de los más regulados, en su zona axial pirenaica con una serie de saltos de gran altura y pequeño caudal (Vilaller, Bono, Senet, Llesp, Bohí, Caldas y Suert) y con cuatro embalses, los de Escales, Sopeira, Canelles y Santa Ana.

El cambio climático, el agotamiento de las reservas de petróleo y la creciente demanda de energía son tres factores que nos abocan a una crisis que hay que abordan con urgencia. En este sentido la Comisión Europea el pasado 12 de enero planteó pautas de actuación en las que contempla el uso de la energía nuclear. La Agencia Internacional de la Energía estima que hasta el año 2030 la demanda crecerá casi un 60% y que se doblará el consumo de electricidad. Si esa demanda se cubre con combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón, se aumentarán en un 62% los niveles de emisión de CO2. La cuestión es qué energía podrá utilizarse para satisfacer la demanda sin dañar más el medioambiente. Son muchos los países que buscan fuentes de energía que no les haga depender de países tan inestables como los del Golfo Pérsico y otros. La reciente bronca entre Rusia y Bielorrusia ha interrumpido el suministro de petróleo a una parte de Europa. No es la primera vez que sucede y no será la última. El incidente es síntoma de la debilidad de la seguridad energética europea. 
Ha vuelto la energía nuclear a los foros de debate, pero esta vez lo hace con argumentos de ecologistas de prestigio. Así, James Lovelok dice que el calentamiento de la tierra debido a los gases invernadero es peor que el hipotético riesgo de accidente nuclear, y que es urgente dejar de quemar combustibles fósiles porque la tierra no lo puede soportar. Por su parte, el premio Nobel de la Paz 2005, Mohamed el Baradei, dijo que el declive nuclear, provocado por el accidente de Chernóbil, sería pasajero y que la energía nuclear puede ser una alternativa a los combustibles fósiles; por eso, la concesión del premio, dejó al movimiento ecologista antinuclear un sabor amargo.
Las compañías eléctricas españolas no sólo no contemplan la hipótesis de un cierre próximo sino que invierten en centrales que ya tienen entre 25 y 35 años de vida operativa, con el convencimiento de que llegado el momento, el Gobierno autorizará prórrogas que les permitan a las centrales llegar a los 60 años de vida, como sugiere el Foro Nuclear Español. Y eso a pesar del compromiso del Gobierno Zapatero de sustituir gradualmente y en un periodo máximo de 20 años la energía nuclear por otras más limpias, más seguras y menos costosas.
Estados Unidos ya ha decidido prorrogar la vida operativa de las centrales y autorizar nuevas plantas. En Finlandia se está construyendo una nueva central, en Francia hacen lo propio y en Alemania se revisará el programa de cierre de las nucleares pactado entre el anterior gobierno y el sector eléctrico. La mayoría de los problemas que conllevan las nucleares siguen actualmente sin resolverse desde el punto de vista de la tecnología. Se investiga para que las nucleares tengan más mecanismos de seguridad y que éstos no dependan del factor humano. En Chernóbil se fundió el núcleo y hubo radiación. Nadie discute que el accidente de Chernóbil tuvo efectos devastadores porque a una tecnología deficiente se sumó el factor humano en una actuación desastrosa, pero el factor humano existe y hay que contar con él y contar con accidentes que puedan ocurrir.
En cuanto a los residuos, el problema sigue sin resolverse y su contaminación se prolonga decenas de miles de años. Es la pesada carga que nuestra generación, derrochadora de energía, transmite a las generaciones futuras. No hay que olvidar, tampoco, que esos residuos pueden utilizarse con fines perversos puesto que la maldad existe. Tampoco hay que obviar que, la energía nuclear es cara y además necesita uranio que es necesario importar. Puede que las nucleares no emitan CO2 que envenena la atmósfera, pero sí emiten residuos radiactivos que envenenan la tierra.
Ante esto, las energías renovables deberían ser una prioridad, aunque los enormes intereses de la energía atómica han impedido el desarrollo de las renovables que son imprescindibles en un modelo energético más sostenible. En Aragón las renovables cubren un 44% y son fundamentalmente hidráulica y eólica. El problema de las renovables es la intermitencia: Un parque eólico, a pleno rendimiento, funciona unas 2.500 horas anuales y una planta solar fotovoltaica unas 3.000 horas. Por lo tanto, hay que potenciar su uso e invertir e investigar al máximo si apostamos por un futuro con mayúsculas.

Como portavoz de CHA en Medio Ambiente, esta mañana he solicitado de urgencia la comparecencia del consejero responsable, Alfredo Boné, tras hacerse público el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que éste afirma que no hay ni ha habido secreto de sumario en relación con el vertido contaminante al río Cinca del pasado agosto en Zaidín, y que tampoco nunca se ha impedido que se retirara este vertido. Me ha sorprendido mucho que después de cinco meses el TSJA se manifieste a través de los medios para desmentir al Gobierno de Aragón añadiendo todavía más confusión a este caso, ya de por sí cuajado de contradicciones, dimes y diretes desde que comenzó.

Por su parte, el departamento de Medio Ambiente, también en otro comunicado, ha señalado que en todo momento ha entendido que existía ese secreto de sumario. Precisamente en una anterior comparecencia de Alfredo Boné por este caso, en septiembre pasado, se amparó en el secreto de sumario para no responder a muchas de mis preguntas, entre ellas las de la naturaleza y daños medioambientales del vertido. También se escudó en la dispersión de competencias, entre su departamento, el de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Resulta penoso que el Gobierno de Aragón, el TSJA y, por otro lado la Confederación Hidrográfica del Ebro, estén perdiendo más tiempo en echarse culpas mutuamente que en coordinarse para tomar las medidas necesarias para limpiar el río y evitar que se vuelvan a producir estos episodios, que es, a fin de cuentas, lo más importante. Los hechos son objetivos y debe existir documentación suficiente que permita aclarar fácilmente si había o no decreto de sumario y si el vertido podría haberse retirado o no inmediatamente. Exigimos que se aclaren estas contradicciones, que están haciendo mucho daño a la credibilidad de las instituciones, y se depuren responsabilidades.
 

He presentado 33 enmiendas al proyecto de presupuestos 2007 de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y otras 17, al de Asuntos Sociales y Familia. Dos departamentos en los que soy portavoz y que tienen en común que abusan excesivamente de la externalización de servicios. En el caso de Medio Ambiente, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) es un buen ejemplo. En CHA siempre hemos denunciado que este organismo realmente era innecesario porque su trabajo lo debería realizar directamente los funcionarios y personal laboral del departamento. Siendo consecuentes, en nuestras enmiendas hemos suprimido todo su presupuesto para invertirlo en otros proyectos y programas. Me gustaría destacar el millón de euros que proponemos destinar a los municipios afectados por la plaga del mejillón cebra en el Bajo Aragón, donde lo vienen sufriendo desde hace casi seis años. Y también, fieles a nuestro lema “piensa global, actúa local”, la idea de crear una unidad de cambio climático y un programa de reducción del consumo agua y gases efecto invernadero en edificios públicos. En Asuntos Sociales, la atención a la dependencia (mayores y discapacitados) y la lucha contra la violencia de género son dos de nuestras prioridades.

Es necesario y urgente contar en Aragón con un Plan de Acción contra los cebos envenenados y por eso CHA ha una proposición no de ley solicitando al Gobierno de Aragón su elaboración. La comunidad aragonesa es la segunda en número de ejemplares hallados envenenados de alimoche y milano real en España y la primera para el quebrantahuesos, tres especies amenazadas. Sin ir más lejos, desde el pasado mes de junio se han conocido tres episodios de envenenamientos masivos en Aragón que han provocado la muerte de al menos 53 buitres, 8 alimoches y 1 aguilucho lagunero.

Los cebos envenenados, empleados por cazadores y ganaderos para dar muerte a los depredadores, son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. A pesar de que su utilización está prohibida desde 1989 y tipificada como delito en el Código Penal desde 1995, la impunidad de los envenenadores, debida a la falta de vigilancia sobre el terreno y a la escasez de sanciones, es una de las claves que explica el continuo crecimiento de las estadísticas de mortalidad. En 2004, fue aprobada en todo el Estado la ‘Estrategia Nacional Contra el uso Ilegal de Cebos Envenenados’ cuyo desarrollo corresponde a las Comunidades Autónomas, pero hasta la fecha sólo lo han hecho Andalucía y Castilla-León, y por eso reclamamos que se haga también Aragón para tomar más medidas de control, disuasión y concienciación.

En Andalucía, por ejemplo, se han aplicado cambios legislativos que permiten la suspensión de la actividad cinegética para reparar el daño biológico ocasionado por el veneno. Gracias a esta normativa, la Junta ha suspendido la caza temporalmente en más de cincuenta cotos de la región desde 2004 hasta la actualidad. La Estrategia Nacional también recomienda la vigilancia especial en aquellos cotos y explotaciones ganaderas que se consideren de riesgo, según los antecedentes obrantes en las bases de datos que deberían mantener todos los servicios provinciales de medio ambiente.

Hace unas semanas me preguntaba hasta cuándo íbamos a mantener en Aragón -concretamente en Pradilla de EBro- un vertedero de escorias salinas siendo que estas instalaciones ya están prohibidas en muchas partes del Estado y de Europa y también contravienen normativa aragonesa, estatal y europea. Aunque no puedo contestar aún de manera concreta a esa pregunta, sí estoy contenta de anunciar que hemos dado un paso adelante para que esa esperada fecha llegue cuanto antes. Y es que el pasado jueves se aprobó en las Cortes una proposición no de ley de CHA, enmendada por el PAR, instando al Gobierno de Aragón “a seguir promoviendo, de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos, la gestión sostenible y ordenada de los residuos de la Comunidad Autónoma a través de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles que prioricen la valorización de las escorias salinas procedentes de la segunda fusión del aluminio frente a su gestión en vertedero”.

Nuestra propuesta inicial pedía la prohibición del vertido de estos residuos tóxicos y que se fomentara la tecnología de reciclaje, pero en aras de la unanimidad -que se consiguió- preferimos aceptar la enmienda del PAR, aunque suavizara un tanto la iniciativa. Lo importante en este caso, creemos, es que los grupos que apoyan al Gobierno han tomado un compromiso para eliminar de una vez por todas este tipo de vertederos. El de Pradilla, recordamos, no sólo está muy cerca del río Ebro, con lo que eso supone, sino que también está dentro de una zona ZEPA de protección de aves.

En mi última entrada me preguntaba qué harían los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón con nuestra proposición no de ley sobre el mejillón cebra pidiendo coordinación entre administraciones y ayudas para los afectados -Ayuntamientos y empresas- por el mejillón cebra. La respuesta ha llegado hoy, en que se ha votado en las Cortes: PSOE y PAR la han rechazado de nuevo. Lo más triste e indignante han sido los argumentos empleados. Si CHA se preocupa por la plaga del mejillón cebra y exige responsabilidades por su extensión, es sólo porque buscamos réditos electorales y lo que deberíamos hacer es aportar soluciones o callarnos. Ojalá tuviéramos la solución pero dudo de que si así fuera, quisieran escucharla. Ya durante 5 años hemos advertido de que el problema estaba ahí y era grave, y que había que actuar, y hemos reclamado un plan de medidas concretas, y coordinación entre administraciones. Y han hecho oídos sordos. Les aburríamos. Lo malo es que tampoco han escuchado a los expertos y a los científicos. Aunque claro, a lo mejor también su preocupación es falsa e interesada.